Transparentar el ingreso a la Administración Pública
Desde hace algún tiempo circulan por internet diversos mails donde se informa sobre parentescos y amiguismos en el ingreso de personal a la administración pública. Estos mensajes contienen argumentaciones con información sesgada tanto contra el gobierno provincial actual, como contra el partido mayoritario de la oposición. Además, se omiten algunos cambios significativos en la forma de ingreso al estado provincial, transmitiendo la sensación de que no se avanza aunque se reclame y se insista, ya sea desde las ONGs o la ciudadanía en general.
En definitiva, esto fomenta la bronca y apatía, cuando lo que se requiere como sociedad es una ciudadanía activa preocupada y ocupada por mejorar la gestión de lo público.
Desde Fundación Apertura consideramos estériles estos debates debido a que mostrar información fuera de contexto, con datos parciales y tendenciosos, ayuda a confundir a la ciudadanía y ampliar su distanciamiento del sector político.
Es nuestra intención hacer un aporte para impulsar un debate serio sobre la temática del empleo público.
La importancia del ingreso por concurso
Después de años de insistencia por parte de las ONGs ante los gobiernos de turno, el gobierno provincial dictó el decreto 0291 en marzo del 2009, que organiza por fin el ingreso por concurso a la administración pública provincial.
Esta medida inédita rompe una inercia que ha menoscabado la calidad de gestión de lo público. El ingreso sin normas fomenta los "acomodos" y el acceso "a dedo" de gran cantidad de personas, que posteriormente adquieren el derecho de estabilidad.
El ingreso por concurso revaloriza la imagen que la comunidad tiene del agente público, derribando la creencia generalizada de que únicamente se requiere contar con influencias para acceder a un cargo público.
Asimismo, tiende a poner en un plano de igualdad a todos los postulantes, brindando un marco de referencia que de certidumbre y previsibilidad a los concursantes. De esta manera se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Administración Pública.
Para ello se ha diseñado un Proceso de Selección que contempla 4 etapas, con diferentes ponderaciones para brindar mayor objetividad al sistema:
Etapas:
1. Evaluación de Antecedentes (30%)
2. Evaluación Técnica (40%)
3. Evaluación de Personalidad (20%)
4. Entrevista Personal (10%)
De esta manera, se restringe el componente subjetivo en los procesos de selección, dotando solamente de 10% a la entrevista personal. Los Comité de Selección están compuestos por miembros de los diferentes ministerios y subsecretarias. El proceso de selección consta de 3 veedores por la entidad gremial con personería jurídica más representativa y un veedor por la entidad gremial que le sigue en representación.
De esta manera los procesos de selección e ingreso a la Administración Pública se generan en un marco de transparencia. Es un error enfocar la problemática de la eficiencia del sector público en el ingreso de familiares o amigos del poder político.
La verdadera discusión es establecer un proceso que garantice que éstos no tengan ventajas respecto al resto de los concursantes. El dilema de que no pueden entrar familiares o amigos es una falsa dicotomía.
No todo es lo mismo
En la opinión pública y en los medios de comunicación, cuando se aborda la problemática del empleo público se generaliza. Consideramos importante diferenciar:
1. El ingreso como personal de planta permanente (que adquiere el derecho de estabilidad laboral de por vida).
2. Los asesores de los funcionarios políticos, gente de confianza que ingresa con el funcionario y cesa en sus funciones cuando termina su mandato.
3. Los cargos electivos como diputados, senadores, concejales, intendentes, que son elegidos por el voto popular.
La lógica de la gestión pública hace necesario la contratación de asesores de confianza en temas específicos. Esto ocurre en todos los gobiernos del mundo, incluso de los poderes legislativos donde los cuerpos de asesores son muy importantes y respetados.
La diferencia que debemos establecer es entre el ingreso a la Planta Permanente de la Administración Pública, algo diferente de los cargos políticos que terminan cuando vence el mandato por el que fue electo el partido gobernante. Lo que sería grave, es el nombramiento de personal o asesores políticos de confianza en la planta permanente.
Otra diferencia que es importante establecer es entre el personal de planta permanente y aquellos cargos que son electivos. Cuando vencen sus mandatos, estos cargos se renuevan. La responsabilidad de esto es de la ciudadanía que analiza y decide su voto.
La cuestión institucional
Lo verdaderamente importante es el proceso por el cual se producen nombramientos en cargos en los que está en juego la calidad de las instituciones.
La selección de los jueces, fiscales, Procurador General, miembros de la Corte Suprema de Justicia, miembros de Entes Reguladores y Organismos de control como el Tribunal de Cuentas (el equivalente a la Auditoría General de la Nación pero a nivel provincial), es de gran valor porque son los principales actores que aseguran un marco de certidumbre institucional sobre el cual se ejerce una verdadera democracia.
Hablar de democracia cuando los organismos de control no actúan como verdaderos agentes de contralor, cuando los jueces son nombrados por vínculos estrechos con el poder político es tener una democracia de derecho que lejos está de materializarse desde lo fáctico. En la medida que dichos procesos de selección en cargos de tal importancia se transparenten, habremos avanzado unos pasos en la generación de mayor institucionalidad y mayor democracia.
En este sentido, se han realizado importantes avances en cuanto al nombramiento de Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia (decreto de auto-limitación del Poder Ejecutivo similar al nacional), se ha modificado el Consejo de la Magistratura dotándolo de mayor autonomía y transparencia, los miembros del Tribunal de Cuentas ingresan por concurso y otros tantos avances que tienen como objetivo independizar a estos organismos del poder político de turno.
El rol de las organizaciones de la sociedad civil, impulsadas por la participación ciudadana, es central para defender las políticas públicas que son el pilar sobre el cual se potencia el desarrollo de una Ciudad, Provincia o Nación. En la medida que los ciudadanos no se involucren, la relación estado-ciudadano seguirá debilitándose, ganará la apatía y el sentimiento de que no es posible cambiar el estado de las cosas.
Cristian Bergmann